domingo, 12 de enero de 2014

Vargas Llosa respalda demanda presentada por ocho periodistas contra acaparamiento


Nobel de Literatura destacó decisión de acudir al Poder Judicial para que este se manifieste sobre el monopolio tras la compra de Epensa. En tanto, Consejo de la Prensa e IPYS se pronuncian por la autorregulación e invocan a legisladores a dejar de lado iniciativas sobre ese tema y anuncian debates.



La compra de Epensa por el Grupo El Comercio –con lo que controla el 77,8% de la venta de diarios– ha generado una controversia en torno a la legalidad de esa transacción y los riesgos que enfrenta la ciudadanía ante ese escenario de concentración de medios, pero también acerca de la necesidad de preferir una autorregulación en vez de la instauración de una ley que podría conducir al control de los contenidos informativos.

Palabra del Nobel

El premio Nobel Mario Vargas Llosa, por ejemplo, sostiene en su columna de hoy –que se publica en la página 7 del suplemento Domingo– que "ningún país democrático admite que un órgano de prensa acapare porcentajes elevados del mercado de la información, porque, si lo admitiera, la libertad de prensa y el derecho de crítica se verían tan radicalmente amenazados como cuando el poder político se apropia de los medios para "liberarlos de la explotación capitalista".

"La pregunta clave es –sigue diciendo–: ¿cuál es la mejor manera de impedir el monopolio, privado o estatal, de la información? ¿Una ley de medios, discutida y aprobada en el Parlamento? Es lo que ha anunciado que presentará un congresista oficialista, Manuel Dammert, proyecto que contaría con el apoyo de dos de los partidos que sostienen al gobierno del presidente Humala. Este sería, en mi opinión, un remedio peor que la enfermedad. En vez de garantizar la diversificación informativa, pondría en manos del poder político un arma que le permitiría recortar la libertad de prensa y hasta abolirla".

"¿Cuál es, entonces, la salida? –vuelve a preguntarse– ¿Aceptar, como mal menor, que un órgano de prensa controle más de tres cuartas partes de la información y creer los sofismas de los valedores de El Comercio sosteniendo que la fusión carece de connotaciones políticas y resulta únicamente de la eficacia y talento con que han sabido vender su 'producto' en el mercado informativo? Para semejante razonamiento, no hay diferencia entre un órgano de prensa y 'productos' como las cacerolas o los jugos de fruta. La realidad es que cuando una cacerola derrota a sus competidores y se queda dueña del mercado, lo peor que puede pasar es que el precio de las cacerolas suba o que 'el producto' empiece a deteriorarse, porque el monopolio suele producir ineficiencia y corrupción. En cambio, cuando un órgano de prensa anula a los competidores y se convierte en amo y señor de la información, esta pasa a ser un monólogo tan cacofónico como el de una prensa estatizada, y con ella no solo la libertad de información y de crítica se deterioran, también la libertad a secas se halla en peligro de eclipsarse".

En ese sentido, Vargas Llosa señala: "La manera más sensata de conjurar este peligro es, creo, la que han elegido los ocho valientes periodistas que se han enfrentado al gigante: recurrir al Poder Judicial a fin de que determine si la fusión transgrede el principio constitucional contra el monopolio y el acaparamiento, como creemos muchos demócratas peruanos, o es lícita. Este proceso, con las inevitables apelaciones, puede llegar hasta las más altas instancias judiciales, desde luego, e incluso al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José. A mí me gustaría que llegara hasta allí, porque esta es una institución verdaderamente independiente y capaz, de modo que su fallo tiene más posibilidades de obtener el asentimiento de la opinión pública peruana".

Los periodistas a los que alude Vargas Llosa son los que en noviembre presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial: Enrique Zileri Gibson, director fundador de la revista Caretas; Gustavo Mohme Seminario, director de La República; Fernando Valencia Osorio, director de Diario 16; y Augusto Álvarez Rodrich, Miroslav Lauer Holoubek, Rosa María Palacios McBride, Luz Helguero Seminario y Mario Saavedra-Pinón Castillo.

El consejo de la prensa

Una postura similar tiene el Consejo de la Prensa Peruana, que mediante un comunicado invoca a que se deje de lado cualquier iniciativa legislativa sobre la prensa, pues podría terminar por afectar la libertad de prensa y de expresión.

"La autorregulación es el instrumento fundamental para la protección de los derechos de opinión, prensa y libre flujo e intercambio de ideas que fundamentan la democracia. Por ello, rechazamos enfáticamente cualquier intento regulatorio, externo, de la información u opinión", señala el Consejo de la Prensa.

Su presidente, Gonzalo Zegarra, refiere que hay un consenso entre todos los asociados de defender la libertad de expresión y de que las diferencias deben resolverse de manera "civilizada y saludable" en el fuero judicial.

"Estamos todos de acuerdo en que, ahora y bajo estas circunstancias, el que los políticos en el Congreso intervengan queriendo hacer algún tipo de estatuto o ley de prensa puede convertirse en el remedio peor que la enfermedad", expresa.

Zegarra anuncia que junto a IPYS organizarán una serie de foros en los que se expondrán con profundidad los puntos de vista sobre los efectos de la concentración de medios.
"El primer debate podría ser en febrero, para lo cual invitaremos a la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero. No es para que nos diga qué hacer ni [viene] a que dirima, sino para que nos hable sobre problemas y soluciones en otros países de la región", dice.

Los periodistas

El presidente de IPYS, Augusto Álvarez Rodrich, saluda los anuncios del Consejo de la Prensa.
"Se trata de un comunicado previsiblemente escueto por las posiciones tan encontradas que hoy existen en el Consejo de la Prensa, en el que cabe destacar el reconocimiento público que esta institución aún no había realizado, de que es necesario un debate en el país sobre los riesgos de la concentración y del acaparamiento como amenazas potenciales a la libertad de expresión, el cual constituye un antiguo tema de interés de IPYS", manifiesta.

Añade que "esto, sin duda, debe implicar una profunda reflexión en el país, en el contexto de la compra de Epensa por el Grupo El Comercio, con el objetivo de armonizar la promoción de la iniciativa empresarial en la prensa, la libertad de expresión, la pluralidad informativa y el periodismo independiente y de calidad, todo con el fin de servir mejor al ciudadano y de contribuir al fortalecimiento de la democracia".

Por su parte, Rosa María Palacios remarca la importancia de que los medios se autorregulen y no estén sujetos al control del poder político como el Congreso y el Ejecutivo.

"Si el poder del Estado tiene que estar desconcentrado, la libertad de expresión, que es el contrapeso ciudadano a ese poder, tampoco puede estar concentrado en una sola mano. Eso no es democrático. Lo único que hemos pedido los ocho periodistas al firmar la acción de amparo es que la justicia nos diga si se va a respetar el texto el artículo 61 de la Constitución", puntualiza.

A la letra, el segundo párrafo del artículo 61 especifica: "La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, del Estado ni de particulares".

Además, Palacios reafirma que "todo debate sobre el tema es bienvenido".

En tanto, el director fundador de la revista Caretas, Enrique Zileri, resalta la necesidad de hablar de la autorregulación.

"Evidentemente la autorregulación es el camino. No hay que ignorar el problema. Es decir, hay que debatir sobre el acaparamiento de medios", afirma, y se muestra en desacuerdo con una norma que controle a los medios.

"Si sale una ley, va a darle un viso político y eso sería fatal. Puede parecer una intervención estatal, que no debe darse", expone.

Recuerda que, "por experiencias pasadas, la prensa detesta las leyes porque son un peligro".

Por otro lado, sostiene que la acción de amparo que presentaron los ocho periodistas para que se deje sin efecto la transferencia de acciones del grupo Epensa a El Comercio debe seguir su curso, pues es independiente a los debates que se puedan dar.

"De por medio hay un riesgo para la liberad de prensa, que se basa en el pluralismo de opiniones en un mercado. Si esto se va reduciendo con el acaparamiento y no hay diversos puntos de vista, es muy difícil garantizar la libertad de opinión y de opciones. Ese es básicamente el tema", presenta Zileri como fundamento principal de su decisión de acudir a la vía judicial, y añade que la Constitución prohíbe los monopolios.

"Si la propiedad de medios  ha sido acaparada de una forma tan tangible como ocurre ahora, eso es casi un monopolio", advierte.

El director de Diario 16, Fernando Valencia, está de acuerdo en ayudar a dejar en claro los peligros del acaparamiento y los monopolios.

"Se está afectando el derecho fundamental del acceso a la información", alega.
Valencia opina que el debate público y el del Congreso son cosas separadas, que pueden darse paralelamente, sin afectarse.

Aclara que ello tampoco debería afectar la demanda que presentaron y está pendiente en el Poder Judicial, la cual debe seguir su trámite y llegar a todas las instancias que sean necesarias, con todas las garantías que brinda la democracia.

"Los ocho periodistas advertimos que existe un vacío legal. Yo creo que hay que legislar al respecto para evitar otros futuros problemas de concentración de medios", plantea.
La periodista Luz Helguero Seminario recalca que la población tiene derecho a contar con una amplia información, lo que se ve afectado por la concentración de medios.

"Me parece muy válido que el Consejo de la Prensa promueva debatir este tema porque se estaría afectando el derecho de los ciudadanos", refiere, y considera que el tema no debe pasar por el Congreso y que más bien tiene que optarse por la autorregulación.

"Siempre he creído en el derecho de los ciudadanos a la libre información y con el acaparamiento de medios esto no puede darse. Por eso me uní a la demanda de amparo. Si no se puede tener amplio acceso a la información no podemos desarrollarnos como sociedad", sostiene finalmente.

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