martes, 25 de marzo de 2014

Congreso: Hacen llamado para erradicar violencia y corrupción en Ancash


Un llamado a todos los poderes del Estado, autoridades y población a intervenir en la lucha para erradicar la violencia y la corrupción en Áncash, formuló el martes 25 el presidente del Congreso de la República, Fredy Otárola Peñaranda, tras las graves denuncias de crímenes e irregularidades cometidas en esa región, y que han llegado a un punto culminante con el asesinato del dirigente gremial y político Ezequiel Nolasco.

El titular del Poder Legislativo inició la conferencia de prensa, que realizó conjuntamente con los congresistas Modesto Julca (PP), Juan Díaz Dios y Maria López (FP) y Manuel Dammert (AP-FA), expresando su solidaridad y afecto a Fiorella Nolasco, hija del dirigente asesinado, quien también participó en la reunión.

“Hoy todos nos quitamos la camiseta política, pues este no es un tema político partidario”, dijo. Somos miembros de una región que se está desangrando, en la que se pretende mellar la democracia y en la que se ha hecho del insulto, el ataque y la agresión el denominador común, agregó el presidente del Parlamento.

Otárola reiteró la existencia, en Ancash, de una prensa maniatada al poder político, que obliga a los directores de los medios a cerrar programas democráticos y ataca a periodistas independientes.

“No podemos permitir que el gansterismo se apropie de la política en el Perú ni que el mal ejemplo se replique en otras regiones. En algunos casos han permitido que se doble la vara de la verdad por el precio del dinero”, dijo el legislador.

Con firmeza invocó al Ministerio Público y al Poder Judicial para que cumplan con su rol constitucional, respetando la separación de poderes. “Esto no puede continuar”, recalcó.

Por su parte, el congresista Modesto Julca denunció la existencia, en Ancash, de una “mafia” que ha sistematizado la corrupción y que hoy día se ha visto ligado al crimen organizado, a través de asesinatos, chantajes, amenazas.

“Hacemos una exigencia a los altos niveles del gobierno a tomar medidas excepcionales. El presidente debe llamar a un Consejo de Estado en el que participen el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los fiscales anticorrupción, los procuradores para tomar medidas excepcionales que brinden las garantías para que el manto de impunidad que se extiende en los crímenes y corruptelas en Áncash finalice”, dijo.

Denunció que se ha registrado extraños cambios en las fiscalías y hay jueces que han sido removidos. “Todos los que se enfrentan a esa mafia son amenazados o chantajeados”, agregó, para calificar el crimen de Ezequiel Nolasco como un asesinato anunciado.

Afirmó que todo este accionar se inició con el caso de la “Centralita” y culminó con una matanza de autoridades y opositores al régimen regional. Julca planteó la necesidad de conformar una comisión investigadora, a fin de determinar las anomalías registradas en esa región.

Su preocupación evidenciaron también los congresistas Juan Diaz Dios y María Lopez. El primero anunció la realización de una audiencia pública en Ancash, para el 7 de abril próximo, en la que intervendrán el Fiscal de la Nación, el Contralor, y más de veinte especialistas que se quedarán en la zona para atender los reclamos de la población.

“También asistirá el Director General de la Policía Nacional, quien deberá explicar porqué siguen libres los sicarios que han participado en crímenes de autoridades”, dijo.

También la presencia del presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Vicente Zeballos, junto a los congresistas por Áncash.

El legislador Manuel Dammert anunció el respaldo del Frente Amplio a las acciones de lucha que emprenderán todas las instituciones del Estado, “porque no se puede permitir la corrupción ni el sicariato en esa ni en ninguna otra región del país”.

Finalmente tanto Fiorella Nolasco, hija del dirigente asesinado como Alberto Alarcón, representante de la población civil de Áncash, destacaron la necesidad de poner un alto a la grave situación que se vive en su región. Dieron a conocer un pronunciamiento en el que se demanda la instalación de una mesa de diálogo para tratar en forma urgente la criminalidad y corrupción en esa región y la reorganización de la PNP, especialmente en el Santa.

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