viernes, 18 de julio de 2014

Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva para Yván Vásquez


La titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto, Erika Iberico, dictó esta tarde 18 meses de prisión preventiva para el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, y otros siete imputados que son investigados por presuntos actos de corrupción.

En la misma resolución dispuso el internamiento de todos los inculpados en el establecimiento penal Guayabamba de Iquitos.

Los ocho involucrados son investigados por presuntos actos de corrupción, bajo la figura delictiva de colusión agravada, para beneficiar a una empresa en una licitación pública para la adquisición de cuatro embarcaciones fluviales, valorizadas en más de 8 millones de nuevos soles.

La magistrada acogió de esta manera el pedido de prisión preventiva formulado por el titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Paul Peralta Chota.

En su resolución, la juez estableció que “existen fundados elementos de convicción en la comisión del delito de colusión agravada” por parte de Vásquez Valera y los otros siete coinvestigados.

Subrayó que la comisión de serie de actos irregulares demuestran que los funcionarios de la región de Loreto y el consorcio ganador de la licitación pública “concertaron” para darle la buena pro a dicha empresa.

“En el caso del imputado Vásquez Valera, pese a su investidura, ha coadyuvado a dar como ganador del concurso público al consorcio Atlantic Internacional Sudamérica ER.I.L, pese a la existencia de elementos que demuestran graves irregularidades en el proceso de buena pro", afirma la magistrada.

Asimismo, la magistrada fundamentó su resolución en que existe “peligro obstruccionista” en las investigaciones por parte de la autoridad regional y que, además, la pena supera los cuatro años de prisión efectiva.

Los otros inculpados de este caso son Áureo Ramírez Saavedra, Francisco Díaz Flores, Luis Ramírez Soto, Edwin Valverde Alcoser, Clarisa Díaz Tavares y Esthephanie Villacorta Villafuerte.

Acusación

En la exposición de su acusación, el fiscal Paul Peralta Chota manifestó que "existen pruebas y elementos de convicción que vinculan a los inculpados en la comisión de los delitos contra la administración pública y colusión agravada en agravio del Estado”.

Según el representante del Ministerio Público, los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto “se habrían concertado” a fin de hacer ganador al consorcio Atlantic Internacional Sudamérica ER.I.L.

“Existen fotografías y documentos que acreditan que las embarcaciones estaban siendo construidas antes de lanzarse la licitación. Además, hay una serie de irregularidades en el proceso de selección como la admisión de una empresa fantasma que integró el consorcio ganador”, afirmó durante la audiencia realizada en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Superior de Loreto, en Iquitos.

Por su lado, Fernando Ugaz, abogado del presidente regional Vásquez Valera, negó que existan pruebas que involucren a su patrocinado.

De igual forma, Alberto Borea, defensor de Áureo Ramírez, cuestionó que la Fiscalía haya presentado pruebas fuera de tiempo. Dijo que “de ninguna manera” se cumplen los requisitos establecidos en la ley para dictarse prisión preventiva.

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