martes, 18 de noviembre de 2014

Defensoría del Pueblo: sólo 19% de funcionarias públicas en regiones son mujeres


El defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, reveló hoy que sólo el 19 por ciento de funcionarias de los gobiernos regionales son mujeres, por lo que instó a las nuevas autoridades regionales a reestructurar sus presupuesto a favor de la igualdad de oportunidades.

“En la mayoría de gobiernos regionales el enfoque de género solo se expresa en el cumplimiento de la normatividad laboral que los obliga a brindar licencia por maternidad, lactancia o instalar lactarios. En cuanto al presupuesto para enfoque de género, hay  una clara omisión de incluir este tema en su presupuesto”, afirmó.

Esta mañana, la Defensoría del Pueblo presentó el séptimo reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, que da cuenta de las dificultades que aún afrontan las mujeres para conseguir un puesto de trabajo en los organismos regionales.

Según el informe, solo siete de los 25 gobiernos regionales (Arequipa, Ayacucho, Ica, Junín, Madre de Dios, Piura y San Martín) cuentan con normativa para institucionalizar la Ley de Igualdad de Oportunidades.

Ese hecho fue calificado como “preocupante” por el defensor del Pueblo, quien instó a las nuevas autoridades regionales que asumirán funciones a partir del próximo año, a trabajar por la igualdad de género en sus instituciones.

“Hay una tarea urgente para los nuevos presidentes regionales, deben reestructurar sus presupuestos anuales a favor de la igualdad de oportunidades en sus instituciones y asumir medidas a favor de las mujeres para reducir la violencia, la discriminación y la desigualdad”, añadió.

Además del poco cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades, Vega Luna advirtió que siete gobiernos regionales no cuenten con una normativa interna para el hostigamiento sexual, lo que favorece la desigualdad. Estos gobiernos regionales son Cusco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, San Martín y Tacna.

En ese sentido, sugirió que para promover una cultura igualitaria, los ministerios de la Mujer y de Economía deben unir fuerzas y trabajar junto a la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de estas normas.

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