viernes, 11 de septiembre de 2015

Valle de Tambo seguirá militarizado hasta 20 de octubre


Las Fuerzas Armadas permanecerán treinta días más en la provincia de Islay, afectada por un conflicto minero. Así lo dispuso una resolución suprema firmada ayer por el presidente Ollanta Humala Tasso y sus ministros del Interior y de Defensa.

Las fuerzas del orden seguirán en esta provincia costera para asegurar el orden y evitar actos violentos que pudieran suceder durante movilizaciones organizadas contra el proyecto minero Tía María de Southern Perú. La empresa minera inició una campaña de reencuentro con los pobladores, la misma que ha empezado a tener el rechazo de quienes se oponen a la explotación de dos tajos de cobre.

La resolución 191-2015-IN especifica que la actuación del Ejército será únicamente de apoyo a la Policía Nacional, a cargo del control del orden interno. La medida no supone la restricción o suspensión de las libertades constitucionales, vale decir el derecho a la reunión y la libertad de tránsito.

Los militares se encuentran en la zona desde el 9 de mayo, cuando el conflicto alcanzó el máximo nivel de efervescencia con cuatro muertos, decenas de heridos y miles de soles en pérdidas materiales.

El 22 de julio, tras finalizar el estado de emergencia de 60 días en Islay, el gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas por 30 días, luego amplió el plazo hasta el 22 de agosto. La nueva prórroga se extiende hasta el 20 de octubre.

Diversos dirigentes opositores al proyecto indicaron que no es necesaria la presencia militarizada. Aseguran que las manifestaciones actuales no transgreden el orden público, ni ocasionan daños a la propiedad privada.

Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de Mollendo – Mejía – La Ensenada refirió que este tipo de medidas enardecen a la población, porque se sienten tratados como terroristas. “Lo único que hacemos es marchar de forma pacífica y realizar vigilias”, declaró.

Por su parte, el representante del Comité de Apoyo con el Valle de Tambo, Jorge del Carpio, exigió el retiro militar y la reducción del contingente policial que patrulla Cocachacra y sus distritos.

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