sábado, 21 de enero de 2017

Fiscal tiene evidencias que justifican detención en caso Odebrecht, destaca jueza


El fiscal Hamilton Castro ha contado con evidencias que justifican las detenciones preliminares en el caso Odebrecht y por ello el Poder Judicial dispuso esa medida, dijo hoy la jueza superior Susana Castañeda, coordinadora del Sistema Nacional Anticorrupción.

Según explicó en TV Perú, la detención preliminar se da cuando el fiscal encuentra que existen razones para ello en el marco de su investigación, sumado al hecho de que el delito en cuestión tendría pena mayor de cuatro años y la posibilidad de fuga del implicado.

“El juez actúa con evidencias que presenta el fiscal, si considera que son suficientes ordena la detención judicial preliminar, que es lo que ha sucedido”, sostuvo en referencia a la situación de dos exfuncionarios del segundo gobierno aprista.




Dicha detención, añadió, podría ser de hasta diez días en el ámbito de criminalidad organizada, que sería este caso, periodo en que el fiscal recogerá las declaraciones del implicado que permitan complementar su investigación.

Luego de ello, se podría disponer su libertad o formalizar investigación preparatoria para que se solicite medida de prisión preventiva o comparecencia con restricciones, dependiendo de lo que considere la Fiscalía, comentó.

Si se da el segundo escenario, refirió, el juez convocará una audiencia pública en un plazo de 48 horas, en la cual se escucharán los argumentos del Ministerio Público y de la defensa legal del presunto implicado.

Anoche, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, la Policía Nacional allanó la casa del exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, pero no lo encontró, y detuvo al expresidente del Comité de Licitación del Metro de Lima Línea 1, Edwin Luyo Barrientos.

En el caso de Cuba, Castañeda comentó que correspondería dictar una orden de captura internacional y solicitar apoyo de la Interpol, al remarcar que no existen fronteras ante los delitos de corrupción.

Agregó que, dependiendo de lo que estime el fiscal, si la acusación es por colusión las penas van de seis a 15 años de prisión si se perjudicó el patrimonio del Estado.

(FIN) Agencia Andina

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